Por PALOMA POLO
Miembro – Comité Internacional de Coordinación
Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos (ILPS)
El pasado 1 de septiembre de 2015 Emerito Samarca fue degollado y asesinado a puñaladas por un grupo paramilitar conocido como Milicia Magahat-Bagani / Marcos Bocales. Samarca era el director de ALCADEV, un centro de aprendizaje alternativo para el desarrollo de la agricultura y sustento de las comunidades indígenas (Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development -ALCADEV), establecido por las comunidades indígenas Lumads.Esta escuela imparte clases de educación secundaria a jóvenes de varias etnias indígenas (Manobo, Higaonon, Banwaon, Talaandig y Mamanwa) que habitan las montañas de Surigao. El cadáver de Samarca fue hallado en una de las aulas del complejo escolar ALCADEV, que se encuentra en la localidad Han-ayan, Barangay Diatagon, Lianga, Surigao del Sur, en la isla de Mindanao, Filipinas.
Dos días antes del asesinato de Emerito Samarca, unos 40 miembros del 36 Batallón de Infantería y el 75 Batallón de Infantería del Ejército de Filipinas, el Primer Regimiento de Fuerzas Especiales y los grupos paramilitares Magahat-Magani / Marcos Bocales habían ocupado y patrullado toda el área, incluyendo el complejo escolar ALCADEV, la localidad Han-ayan y otra escuela dirigida por el Programa Tribal Filipino de Surigao del Sur (Tribal Filipino Program of Surigao del Sur, TRIFPSS). Posteriormente, la milicia Magahat-Magani / Marcos Bocales, esponsorizada por fuerzas del Estado según el testimonio de testigos e informes de Karapatan (organización de defensa de los derechos humanos), amenazó al personal, a los alumnos de la escuela y a los miembros de la comunidad con matarlos si no abandonaban la zona en dos días.
El 31 de agosto de 2015, la mayor parte del personal de ALCADEV, así como los residentes de Han-ayan, abandonaron el pueblo aterrorizados, estableciéndose en una aldea en el kilómetro 16. Esa misma noche, miembros de la milicia Magahat-Magani llevaron a cabo una redada en la aldea del kilómetro 16, confiscando los móviles y cámaras de los residentes y forzándoles a retirarse al centro local de la comunidad.
Después de la redada, aproximadamente a las 4 de la mañana del 1 de septiembre, la hora en la que se estima que Samarca fue asesinado, muchos de aquellos que habían huido de Han-ayan presenciaron el asesinato de Dionel Campos, presidente de Malahutayong Pakigbisog Alang Sa Sumusunod (MAPASU), una organización que hace campaña contra la explotación minera a gran escala en Surigao del Sur y que representa a las comunidades indígenas. Su primo Bello Sinzo fue también asesinado: miembros de la milicia Magahat-Magani lo ejecutaron frente a cientos de residentes en la aldea del kilómetro 16.
A día de hoy (6 de Noviembre de 2015) continúan las operaciones militares y las misiones de las Fuerzas Especiales, que van acompañadas por fuerzas armadas paramilitares, en estas áreas de montaña y en las comunidades que se han visto forzadas a evacuar. Los responsables de las masacres, Loloy Tejero, Garito Layno, Bobby Tejero, Marcial Belandres, Marcos Bocales, Calpet Egua, Hasmin Acevedo y sus unidades/tropas se pasean con libertad e impunidad por las comunidades afectadas. Algunos de ellos se suman a operaciones militares en las montañas o permanecen en campamentos militares. Siguen llegando noticias de incendios provocados de casas, cooperativas, escuelas, propiedades y cultivos en las áreas que han sido evacuadas a la fuerza.
Nueve de cada diez niños de las comunidades indígenas Lumad no tienen acceso a la educación. Aun así, el gobierno de Filipinas ha ordenado el cierre de tres complejos escolares Lumad en esta área, afectando así a más de 1000 estudiantes.
Los asesinatos arriba detallados y sus circunstancias son paradigmáticos de la violencia de Estado que sufren las comunidades indígenas en Filipinas casi cotidianamente, especialmente en la isla de Mindanao. Otra masacre reciente tuvo lugar el 18 de agosto de 2015, cuando tropas del ejército pertenecientes al Primer Batallón de Fuerzas Especiales asesinaron a cinco miembros de la Asociación de Agricultores Manobo (grupo étnico) (Manobo Farmers Association), una asociación de campesinos Lumad en el área.
Hay pruebas de las masacres recientes en Lianga y en otras partes de Surigao: han salido a la luz numerosos informes, fotografías y testimonios (recogidos por Karapatan, Rural Missionaries of the Philippines, Save our Schools Network o Human Rights Watch, y difundidos en plataformas digitales como Bulatlat, Kilab Multimedia, Tudla Productions, Altermydia y Rappler, entre otros). También se ha probado que los criminales que perpetraron estas masacres lo hicieron al amparo de, y protegidos e instigados por poderosos agentes del Estado filipino: durante la audiencia del Senado que tuvo lugar el pasado 1 y 2 de octubre de 2015, en la que se reunieron el Comité de Justicia y Derechos Humanos y el Comité de Comunidades Culturales, dirigidos por el Senador Teosfito Guingona II y por el Senador Aquilino Pimentel III en la ciudad de Tandag, quedó demostrado que las Fuerzas Armadas de Filipinas organizaron, armaron y acompañaron a las milicias armadas y grupos paramilitares o bandidos criminales. Las víctimas de los hechos, así como también personalidades de la Iglesia y oficiales del gobierno de Surigao del Sur, atestiguaron los hechos arriba narrados.
En los comunicados de las Fuerzas Armadas de Filipinas se alega que las comunidades, escuelas, organizaciones e individuos que han sido objetivo de las campañas militares descritas apoyan al Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army, NPA), la llamada insurgencia comunista, justificando de este modo que estas comunidades sean el blanco de sus operaciones. Este tipo de argumentos son utilizados por las fuerzas militares para justificar sus ataques a civiles, escuelas y comunidades enteras. El comunicado del Senador Guingona es muy claro al respecto: la ideología no constituye una base para justificar asesinatos sumarios, desplazamientos o amenazas a cualquier persona.
Según informes de la organización de defensa de los derechos humano, Karapatan, desde junio de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2015 se han cometido 294 asesinatos extrajudiciales y 318 asesinatos frustrados; 27 personas han desaparecido; 172 personas han sido víctimas de tortura; 6 personas han sido víctimas de violaciones sexuales; 555 personas han sido víctimas de asalto físico y lesiones ; se han llevado a cabo 911 arrestos y detenciones ilegales, principalmente por cargos fabricados; más de 65.000 personas han sido forzadas a evacuar debido a operaciones militares; se han cometido 15 masacres (49 individuos asesinados en Montalban-Rizal, Labo-Camarines Norte, Libmanan y Caramoan -Camarines Sur, Daraga – Albay, Mobo-Masbate, Uson-Masbate, Kananga-Leyte, Tagaloan-Misamis Oriental, Pangantukan-Bukidnon, Lianga-Suriago del Sur, Paquibato Distric-Davao City y Kiblawan-Davao del Sur) y muchas otras violaciones de los derechos humanos. Solamente entre agosto de 2015 y el 1 de septiembre de 2015 Karapatan ha registrado 16 víctimas de asesinatos políticos.[i]
Actualmente hay 537 prisioneros políticos en Filipinas, cuyo encarcelamiento se ha llevado a cabo mediante el uso de instrumentos fraudulentos, tales como la formulación de falsos cargos; órdenes judiciales deficientes; falsos testimonios; testigos sobornados por las fuerzas militares; la colocación ilícita de pruebas falsas para justificar la formulación de cargos que no admiten libertad bajo fianza y la flagrante distorsión de la ley vigente.
Ni uno solo de los perpetradores de estos asesinatos o violaciones de los derechos humanos ha sido condenado. Al contrario: los militares responsables de estas operaciones suelen ser promocionados, especialmente en Mindanao, cuyas vastas tierras prometen gran riqueza de recursos minerales y plantaciones fértiles.
La tendencia indica que la realidad sobre el terreno continúa deteriorándose significativamente en lugar de mejorar, mientras el Gobierno acelera su carrera desenfrenada por implementar su programa de contrainsurgencia, Oplan Bayanihan (Cooperative Effort), que hunde sus raíces en el estratégico Oplan Bantay Laya (Freedom Watch), establecido durante el régimen de Gloria Arroyo (2000-2010). Este programa ha sido identificado como la causa de continuadas violaciones del derecho a la vida, cometidas principalmente por las fuerzas de seguridad del estado: policía, militar, paramilitar y todos aquellos bajo la supervisión de éstas.
El gobierno de los Estados Unidos colabora directamente con el filipino en su programa de contrainsurgencia aportando financiación, doctrina y dirección táctica. Así mismo, hay unidades de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos (US Special Forces) establecidas discretamente en ciertos enclaves de Mindanao que han participado en operaciones de inteligencia y ataque mediante el uso de drones y otros dispositivos de alta tecnología.
La política de contrainsurgencia tiene un nivel de alcance muy amplio. Además de las actividades conjuntas de las Fuerzas Armadas de Filipinas y sus distintos grupos paramilitares, que operan con aparente independencia bajo la guisa de “guerreros tribales”, “organizaciones civiles voluntarias” y “guardias de seguridad privada”, este programa también incluye actividades que, en apariencia, son de carácter de civil. Las desarrollan e implementan, entre otras, las siguientes agencias: The Office of the Presidential Adviser on the Peace Process – OPAPP (la Oficina del Asesor Presidencial sobre el Proceso de Paz); The Department of Social Welfare and Development – DSWD (el Departamento de Asistencia Social y Desarrollo), y The Department of the Interior and Local Government – DILG (Departamento del Interior y del Gobierno Local), así como algunas ONGs financiadas por grandes corporaciones y agencias imperialistas. Los programas y proyectos que estas y otras agencias ponen en marcha se presentan como acciones para “la paz y el desarrollo”, pero en realidad se trata de acciones cuya finalidad es el control social y político y el cambio de conductas de aquéllos individuos y comunidades “incómodos” para el gobierno, lo que se conoce como guerra psicológica.
En su informe de 2007 para el Consejo Nacional de Derechos Humanos, el entonces Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, el Profesor Philip Alston, identificó las causas de los asesinatos extrajudiciales en Filipinas: el “vilipendio”, “etiquetado” o la culpabilidad por asociación. Alston también documentó el grado en el que el programa gubernamental de contrainsurgencia ha impactado en el derecho político y civil de las personas. [ii]
Las observaciones de Alston se confirman en las afirmaciones realizadas por el General Avelino Razon (Jefe de la Policía Nacional de Filipinas en 2007) en el curso de la investigación conducida por la Comisión Melo[iii], en la que subscribió las declaraciones del General Palparan: “organizaciones como Karapatan o Bayan Muna[iv] son “frentes” del Partido Comunista y su grupo armado.”. Esta declaración fue confirmada también por el Jefe de las Fuerzas Armadas de Filipinas, el Teniente General Noel Coballes, en su comunicado del 12 de Julio de 2013 en el que define a Karapatan y al grupo legal National Union of Peoples Lawyers como enemigos de las fuerzas militares. Los actos y declaraciones de la policía y los militares perpetradores en los casos arriba mencionados, son pruebas del tipo de acusaciones arbitrarias que se dirigen contra civiles, activistas y defensores de los derechos humanos.
Este proceder continúa estando muy arraigado en las instituciones políticas y militares. Las causas han sido identificadas, pero no hay ningún progreso significativo ni concreto que prevenga o detenga estos asesinatos, o que garantice la asunción de responsabilidades. Al contrario, este fenómeno se extiende y perpetúa.
Así, los asesinatos selectivos, las desapariciones y los ataques contra activistas políticos y defensores de los derechos humanos continúan con impunidad, a pesar de que el gobierno de Filipinas garantizó, durante el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas en 2012, que tomaría “firmes medidas para abordar el problema de los asesinatos extrajudiciales y las desapariciones forzadas”. Pese a esto, la violencia de estado ha continuado sin cesar durante la administración del Presidente Benigno Simeon “Noynoy” Aquino III (Desde 2010 al momento actual ).
En este Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas de 2012 se evaluó la actuación e historial del gobierno de Filipinas en materia de derechos humanos. Varias misiones extranjeras reclamaron el desmantelamiento inmediato de grupos paramilitares, tales como CAFGU, SCAA, CVO, así como la derogación del Executive Order 546 (Decreto Ejecutivo 546). Este decreto legitima el uso de grupos paramilitares civiles como fuerzas multiplicadoras para combatir los supuestos grupos rebeldes, dando vía libre a que los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas de Filipinas cometan crímenes con total impunidad, y asegurando así que los intereses de grandes corporaciones extranjeras, como plantaciones agroindustriales y compañías transnacionales mineras, sean protegidos.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución similar en mayo de 2012, y los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos y los Asesinatos Extrajudiciales presentaron una declaración parecida en julio de 2012. El Gobierno de Filipinas rechazó esta recomendación y mantuvo la vigencia del Decreto Ejecutivo 546. De hecho, en el presupuesto nacional de 2015 se destinaron 2 billones de pesos filipinos a la financiación de grupos paramilitares. A esta cantidad habría que añadir las compensaciones, beneficios y gratificaciones económicas que las compañías mineras y las unidades locales de gobierno destinan para la financiación y control de estos grupos, como quedó probado durante las investigaciones in situ conducidas por el Congreso sobre el asesinato de la activista anti-minería Juvy Capion y de sus dos hijos.
A día de hoy no hay signos de que el terrorismo de estado en Filipinas vaya a parar. Al contrario, recientes acuerdos como el TPPA (Trans Pacific Partnership Agreement) o el EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement), ambos promovidos por los Estados Unidos, apuntan a que Filipinas avanza en la dirección de convertirse en un enclave estratégico militar para los Estados Unidos en el Sudeste Asiático.
En concreto el EDCA – Enhanced Defense Cooperation Agreement (Acuerdo de Cooperación Reforzada en Materia de Defensa), firmado por Aquino y Obama en abril de 2014, elude la proscripción de bases y tropas militares extranjeras establecida en la constitución Filipina para permitir que Estados Unidos incremente la llamada presencia rotativa de sus tropas y construya bases militares bajo la forma de instalaciones temporales autorizadas en áreas de las fuerzas armadas de Filipinas.
El gobierno de Aquino presenta el EDCA como un gran avance en la guerra contra el terrorismo, también instigada por Estados Unidos, y como un instrumento para consolidar el eje estadounidense en el Sudeste Asiático, ya que E.E.U.U. proyecta desplegar el 60% de sus fuerzas navales y el 50% de sus fuerzas terrestres y aéreas en la región.
Tanto las autoridades filipinas como las estadounidenses promocionan el EDCA como una herramienta para reequilibrar la fuerza militar estadounidense respecto a China, y como el instrumento para contrarrestar la amenaza que supone China para algunos países vecinos y que mantendrá el mar del Sur de China abierto a la navegación internacional y al comercio.
Han pasado casi 30 años desde que el dictador Ferdinand Marcos fue derrocado. Sin embargo, todos los regímenes de la era post-dictatorial, incluyendo el actual, mantienen muchos elementos de la dictadura en Filipinas, desde la presidencia de Corazon Aquino (1986-1992) y la de Fidel V. Ramos (1992-1998) hasta el régimen posterior de Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo y Benigno Aquino III. Estos elementos son, entre otros, el mantenimiento de una sociedad semi-colonial y semi-feudal, dominada por los Estados Unidos a la cabeza de otros poderes imperialistas y por grandes empresarios, terratenientes y burócratas capitalistas locales; un estado autoritario controlado por las clases dominantes cuyo núcleo son unas fuerzas armadas indoctrinadas por Estados Unidos; y la supresión de los derechos de los trabajadores, campesinos, mujeres, la juventud y las comunidades indígenas, a pesar de que procesos democráticos formales son reconocidos.
Al igual que durante las legislaturas que sucedieron a Marcos, el programa de contrainsurgencia de Aquino, así como la intensificación de la militarización, sirve a los intereses de poderes imperialistas, a las grandes corporaciones y a los terratenientes, que despliegan operaciones mineras, madereras y agroindustriales a gran escala con la voluntad de saquear los ricos recursos del país, incluyendo los que conservan las comunidades indígenas en sus tierras ancestrales. El propósito de esta política no es únicamente erradicar la resistencia armada liderada por el Partido Comunista de Filipinas (Communist Party of the Philippines – CPP) y el Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army – NPA): su objetivo es la represión política, así como acabar con las formas de resistencia frente a las actividades del sector corporativo y financiero que están mermando los recursos naturales del país. Esto lo demuestra el ataque sistemático a infraestructuras sociales creadas por las comunidades indígenas Lumads, como más arriba se expone.
“¡Salvad nuestras escuelas!, ¡Parad las matanzas de Lumads!” son algunas de las consignas que proclamaba el grupo de 700 indígenas procedentes de Mindanao el pasado 26 de octubre de 2015 durante la calurosa acogida de estudiantes y académicos de la Universidad de Filipinas Diliman en Manila, donde permanecerán un mes para denunciar la violencia de estado y la militarización de sus tierras.
Los datos que figuran en este artículo provienen de las investigaciones e informes elaborados por Karapatan, Filipinas y La Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos (International League of Peoples’ Struggle – ILPS).
Información adicional se puede solicitar en las siguientes direcciones:
Paloma Polo: palomapoloca@gmail.com
Cristina Palabay, Karapatan: karapatan@karapatan.org
International League of Peoples’ Struggle – ILPS : ilpschair@casema.nl
[i] Para acceder a información y estadísticas más detalladas sobre estas violaciones se puede consultar este enlace: http://karapatan.org/.
[ii] El informe completo de Alston se puede consultar en este enlace: http://www.karapatan.org/AlstonReport
[iii] Melo Commission Report (Informe de la Comisión Melo, 2007, p. 8.) Gloria Macapagal Arroyo emitió la Orden Administrativa nº 157 para crear una comisión independiente que investigase los asesinatos de periodistas y activistas. Esta comisión estaba liderada por Jose Melo, el entonces juez adjunto del Tribunal Supremo. La Comisión Melo ha sido fuertemente criticada y cuestionada por defensores de los derechos humanos.
[iv] Bayan Muna (En Español: “Primero el Pueblo”) es un partido político de izquierdas en Filipinas. Su plataforma promueve un gobierno progresista que apoye a la clase trabajadora, con representación significativa de todos los sectores democráticos de Filipinas. Bayan Muna fue el segundo partido más popular durante las elecciones presidenciales de 2007 en Filipinas.
