Comunicado de prensa
13 de mayo de 2025
Al cierre de las urnas en Filipinas, la Misión Internacional de Observación (IOM, por sus siglas en inglés), una delegación de defensores de los derechos humanos de todo el mundo, hizo públicas sus conclusiones iniciales, que alertan sobre la credibilidad de las elecciones de medio mandato de 2025.
La misión detectó una grave privación del derecho de voto debido al mal funcionamiento de las máquinas de recuento automático, informes de papeletas que se leen erróneamente como votos de más, anulando de hecho los votos válidos, y una preocupante e inexplicable actualización del software de las máquinas.
“No se trata sólo de fallos técnicos, sino de fallos que están privando del derecho de voto a miles de filipinos en un momento democrático crítico”, declaró el comisario Lee Rhiannon, ex senador australiano. “Nuestra metodología basada en los derechos ha revelado violaciones de los derechos civiles y políticos, incluido el derecho de voto, que se producen el día de las elecciones y en torno a él. Nuestra misión es documentar y amplificar lo que el pueblo filipino ya está denunciando valientemente.”
Los equipos de la OIM sobre el terreno han observado tendencias de privación del derecho al voto junto con su socio local Vote Report PH y Kontra Daya, señalando múltiples problemas verificados el día de las elecciones. Los equipos han documentado irregularidades en los centros de votación entrevistando a los encuestados que votaron en las respectivas zonas.
En Cordillera y Northern Mindanao, los equipos sobre el terreno observaron casos de compra de votos antes y durante las horas de votación. Se registraron problemas similares en la región de Bicol, donde, además de la compra de votos, hubo informes de papeletas pre-marcadas que afectaron a los votantes. En un centro electoral de Southern Tagalog, más de 900 personas hicieron cola para una sola máquina de recuento automático de votos (ACM, por sus siglas en inglés). Esto llevó a los votantes a esperar en la cola durante varias horas, con informes de personas que renunciaron a su derecho al voto.
Debido a la ausencia de ACM, se pidió a los votantes prioritarios de Negros que entregaran sus papeletas a los funcionarios electorales. En lugar de que los votantes depositaran y verificaran personalmente su voto, estas papeletas se colocaron dentro de una caja de cartón. Este caso fue documentado por observadores extranjeros, en el que los encuestados expresaron su preocupación sobre si sus votos habían sido contados y si se había producido alguna manipulación. En algunas circunscripciones de Zamboanga, los votantes se quejaron de no ver en los recibos el nombre de la lista del partido por el que habían votado.
Un patrón inquietante: violencia electoral
Más allá de los fallos en la tecnología de votación, la OIM ha observado una intensificación de la violencia relacionada con las elecciones y violaciones de los derechos. Los informes iniciales documentaron disturbios el día de las elecciones, ataques armados y múltiples víctimas mortales en las semanas previas al 12 de mayo.
Hasta el 12 de mayo, Vote Report PH, un organismo de control y socio de la OIM 2025, registró 1.445 incidentes de red-tagging, lo que lo convierte en la violación más frecuentemente denunciada en su monitoreo. Los observadores documentaron casos generalizados a lo largo de la campaña en regiones como Cordillera, Southern Tagalog, Southern Luzón, Negros y Mindanao. Los ataques se intensificaron el día de las elecciones, en el que siguieron circulando panfletos y carteles con red-tagging dirigido contra candidatos progresistas y listas de partidos.
«Hemos observado un patrón preocupante: escalada de violencia, red-tagging de candidatos y simpatizantes, y desinformación coordinada contra las voces progresistas», dijo Colleen Moore, Comisionada de la OIM y directora de Peace with Justice de la Junta General de Church and Society. “No se trata de incidentes aislados. Forman una atmósfera escalofriante que compromete la seguridad y la libertad de los votantes.”
El día de las elecciones se produjeron varios incidentes de violencia en todo el país.
A pesar de la prohibición de armas en todo el país, se registraron asesinatos y tiroteos en las provincias de Abra, Negros Occidental, Davao del Norte, Davao Occidental y Zamboanga del Sur. La Región Autónoma Bangsamoro del Mindanao Musulmán (BARMM) fue la más afectada, y todas sus provincias experimentaron diversos niveles de violencia.
Hubo desde peleas a puñetazos y disturbios entre partidarios de candidatos rivales hasta tiroteos con víctimas mortales. Uno de los peores tuvo lugar en Basilan, donde tres personas, entre ellas un observador electoral, murieron y otras dos resultaron heridas en un enfrentamiento en barco antes del amanecer cerca de la ciudad de Hadji Muhtamad, horas antes de la apertura de las urnas.
Mal funcionamiento de las máquinas, actualización anómala del software
Todos los observadores internacionales desplegados por el país han observado casos generalizados de mal funcionamiento de las ACM, lo que ha provocado retrasos en la votación. Los medios de comunicación también han informado de fallos en las máquinas en toda Filipinas. La magnitud y el alcance de los incidentes apuntan probablemente a miles de votantes afectados en todo el país.
La Misión también ha indicado que recomendará una investigación de los ACM inexplicables que utilizan la versión 3.5.0 del software, en lugar de la versión 3.4.0 certificada públicamente. “Estamos colaborando con nuestros socios en Filipinas para investigar esta irregularidad”, añadió Moore.
Informe final en dos semanas
“Aunque estas conclusiones siguen siendo iniciales, nuestra misión expresa su profunda preocupación por las condiciones en las que se celebraron las elecciones intermedias de 2025”, afirma Rhiannon.
“La convergencia de violencia política, privación generalizada del derecho de voto, acoso e irregularidades técnicas inexplicables apuntan a vulnerabilidades sistémicas que corren el riesgo de socavar la confianza pública en el proceso electoral.”
Según los Comisarios, la OIM seguirá verificando y analizando las tendencias a partir de los datos y estudios de casos que han recopilado. En el plazo de dos semanas se publicará un informe final en el que se detallarán sus observaciones y se ofrecerán recomendaciones basadas en su enfoque de los derechos humanos. #